Los Obispos del Comité Permanente dan a conocer la declaración «Ante el mal extendido de la corrupción», donde expresan su profunda preocupación por los recientes casos que afectan al país.

En el mensaje de la Conferencia Episcopal se resalta la preocupación social generada por los casos de corrupción, tráfico de influencias, fraudes, mal uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos, que involucran tanto a personas del sector privado como público. Señalan que estos delitos son especialmente graves cuando afectan a autoridades que deben velar por el bien común, perjudicando principalmente a los más vulnerables, los pobres. Subrayan que más allá de las decisiones judiciales: “estos hechos expresan una crisis ética de proporciones y requieren de una actuación fuerte y decidida por parte de los órganos llamados a juzgar, de los cuales se espera celeridad, objetividad y transparencia; como así mismo, el respeto a la honra de las personas, particularmente al dar a conocer informaciones”.

IMPACTO EN LA CONFIANZA SOCIAL Y EL SENTIDO DE COMUNIDAD

Se enfatiza que la corrupción daña gravemente la justicia social, generando “la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones esenciales del país y en un desprestigio de la vida política, social y económica”. El Episcopado advierte que estos hechos destruyen los vínculos de solidaridad entre las personas y fomentan un relativismo moral que destruye el sentido de pertenencia y comunidad, favoreciendo el egoísmo en la conducta humana.

LA ESPECIAL GRAVEDAD DE LA CORRUPCIÓN EN LOS ÓRGANOS PÚBLICOS

Los pastores recalcan que es particularmente grave cuando estos casos afectan a los órganos públicos y sus funcionarios, enfatizando que desde la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia, la administración pública tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Estado en beneficio del bien común. “Motivo de especial gravedad es que la corrupción afecte aquel poder del Estado, llamado a dirimir las controversias, como es el caso del ámbito judicial” recalcan.

AFECTACIÓN AL SISTEMA DEMOCRÁTICO

Otro aspecto destacado es cómo la corrupción compromete el funcionamiento del sistema democrático, transformando lo que debería ser un proceso imparcial en un sistema de influencias. Esto debilita la capacidad de promover a los más preparados para cargos públicos, comprometiendo el correcto y justo funcionamiento del Estado.

CONDUCTAS QUE VAN HACIENDO CRECER LA CRISPACIÓN SOCIAL

También se pone de manifiesto que la raíz de estos problemas es de orden moral. La corrupción no solo implica posibles delitos, sino conductas éticamente reprochables que derivan en abusos de poder y “van haciendo crecer un estado de crispación social y cansancio, que termina por justificar las propias conductas abusivas e inmorales, no solo de los poderosos, sino de las personas comunes”.

LLAMADO A ADOPTAR DECISIONES DRÁSTICAS Y EFICACES

Los representantes del Episcopado señalan que “todos debemos reaccionar adecuadamente ante estos males, cuyos gérmenes tienden siempre a extenderse”, instando a los órganos encargados de investigar y sancionar estas conductas a actuar de manera drástica y eficaz que permitan recuperar la confianza pública. Por ello piden adoptar políticas que promuevan la honradez y el respeto a los bienes ajenos, tanto materiales como espirituales, necesarios “para el bienestar al que todos tenemos derecho”.

Finalmente, los pastores concluyen pidiendo a Dios que nos conceda fortaleza y sabiduría para preservar al país como un lugar “donde no haya espacio para ningún tipo de abusos y en el que los bienes del amor a Dios y al prójimo, regla esencial de nuestro comportamiento, guíen siempre nuestras actuaciones”.

Firman esta declaración los obispos: René Rebolledo Salinas, Arzobispo de La Serena (Presidente); Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta (Vicepresidente), Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo de San Bernardo; Fernando Chomali Garib, Arzobispo de Santiago; y Sergio Pérez de Arce Arriagada, Arzobispo de Concepción (Secretario General).